Además, Greenpeace hace referencia a otras dos problemáticas de las que tenemos claras muestras en nuestro país. Por un lado, la destrucción de políticas ambientales con la excusa de la reactivación económica poscovid “para promover la construcción sin suficiente evaluación ambiental”. Como ejemplos que lo reflejan citan el colapso ecológico del Mar Menor, en grave peligro desde hace décadas a pesar de ser un enclave único por su biodiversidad, y el “adelgazamiento normativo” realizado por la Junta de Andalucía, que promueve un modelo económico y territorial basado en ladrillo, golf y turismo. Por otro lado, la frágil situación de la “España rural” provocada por los incendios forestales y por “una política hídrica destinada a cubrir cualquier demanda por insostenible que sea”. Según datos de la entidad, existen más de un millón de pozos ilegales de los que se extrae al año una cantidad de agua equivalente a la que consumirían 118 millones de personas. Pese al riesgo de desertificación y sequía habitual, se apuesta “por una agricultura de regadío intensivo, sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo que consume el 85% del agua”.
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